El de 28 de octubre de este año se desarrolló en el edificio anexo de la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación una audiencia pública sobre escuelas rurales fumigadas por agroquímicos. Allí, en presencia diferentes colectivos y organizaciones, así como funcionarixs y legiladorxs, trabajadorxs de la educación, detallaron efectos en alumnxs y docentes afectados por agroquímicos. Como suele ocurrir, Darío Aranda presenció el evento y escribió esta nota, cuya lectura, como acostumbramos, recomendamos. En particular, queremos citar los datos referidos a la localidad de Coronel Suárez, situada en el suroeste de la provincia de Buenos Aires:
Coronel Suárez (suroeste bonaerense) es el único lugar del país en el que se realizó un estudio oficial sobre escuelas fumigadas. La Dirección de Medio Ambiente local realizó un detallado informe que revela que existen 41 establecimientos afectados. Por esas denuncias, echaron al funcionario (Emanuel Garrido) que realizó el estudio.
“Más del 90 por ciento de los establecimientos educativos se encuentra expuesto a las derivas y otros tipos de contaminación devenidos de las aplicaciones de agrotóxicos”, señala y confirma la presencia de alumnos con “afecciones respiratorias”, adormecimiento en los labios, cefaleas, irritabilidad en la vista. Realizó recomendaciones a las autoridades municipales y provinciales: “Proteger de forma inmediata” a la comunidad educativa rural y fijar una franja de 2000 metros.
Ya seis meses antes Aranda había relatado el caso de Coronel Suárez, a modo de espejo de lo que ocurre en otros lugares del país.
En esa misma audiencia se encontraban representantes de la Defensoría del Pueblo de la Nación, organismo que en octubre publicó una resolución (29/14) que desde una mirada precautoria identifica incertidumbres, por causa de efectos no suficientemente investigados y que dada su escala, escapan a los controles del Estado, como por ejemplo la deriva de los agroquímicos, es decir, su presencia en ambientes alejados de las zonas de producción y recomienda la ampliación de la base científica para reducir la incertidumbre. Respecto a la problemática de las fumigación de escuelas rurales, todo trabajo científico técnico y todo monitoreo, toda regulación no son sino intermedios, esperas donde se reduce la incertidumbre mientras se concreta una transición a otras formas de producción; como consta en la página web de la Defensoría entre las recomendaciones de cursos de acción:
[tomar] Las medidas precautorias que resulten necesarias a fin de minimizar los riesgos por exposición a agroquímicos de las comunidades educativas rurales, hasta tanto se concrete una transición hacia modos de producción alternativos que eviten la exposición de los niños a los agroquímicos.
Simultáneamente en el mismo edificio se llevaba adelante una reunión conjunta de las Comisiones de Agricultura y Comercio de la Cámara de Diputados para tratar conjuntamente un proyecto de ley presentado por Luis Basterra, diputado nacional (Frente para la Victoria) por la provincia de Formosa con el fin de regular el registro, comercialización y control de agroquímicos. Según denuncia el CELMA (Centro de Estudios Legales del Medio Ambiente), el proyecto de ley resulta regresivo bajo los términos de la protección de la salud pública, dado que
…no refiere en ninguno de sus articulos a la necesaria protección y resguardo de la poblacion, establecimientos educativos rurales y biodiversidad (centros apícolas, cursos y espejos de agua, produccion agroecológica) del impacto ambiental de las aplicaciones terrestres y aéreas de agrotóxicos.
(fuente)
En particular, ponen atención en el artículo 21 del proyecto de ley, que implica un cambio importante respecto a la normativa vigente:
La actual normativa prevé que ante información basada en evidencias significativas que indique que el uso de un agrotóxico en particular pueda suponer un riesgo de inducir en humanos un efecto oncogénico, genético hereditario, teratogénico, fetotóxico, reproductivo, o un efecto crónico o tóxico demorado, habilita el inicio del procedimiento de cancelación o reclasificación del registro correspondiente.
[…]
Sin embargo el proyecto de ley del diputado Basterra en el art. 21 establece que la Autoridad Nacional de Aplicación podrá prohibir o autorizar, condicionado a fines específicos, las actividades de importación, elaboración, comercialización y/o uso de productos fitosanitarios respecto de los cuales la Organización Mundial de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) o la Organización Mundial de la Salud(OMS), u otras organizaciones o tratados de protección a la salud o al ambiente de las cuales el Estado Argentino sea parte, se hubieran expedido recomendando a los países miembros la cancelación o restricción severa de sus registros por su riesgo y dificultad de manejo para los casos en que así se considere.
Vale decir, cualquier reclasificación de agroquímicos dependerá, en última instancia, de organismos como FAO y la OMS, cuyos criterios para establecer la base científica para la evaluación de los riesgos para la salud entrañados por sustancias químicas, entre las que se cuentan los agroquímicos, son frecuentemente conservadores, y se muestran frecuentemente refractarios a estudios independientes que muestran efectos negativos bajo situaciones de exposición similares a las que tienen lugar en el campo. Así, desde un enfoque precautorio concluyen:
Ese ardid normativo del proyecto de ley, se muestra abiertamente incongruente con el principio de precaución y el Convenio de Diversidad Biológica, según los cuales, todo disenso o incertidumbre científica frente a un hecho que pueda representar una situación de riesgo de daño grave e irreversible a la salud y/o el ambiente, obliga a que se adopten las medidas eficaces y oportunas para despejar las dudas pertinentes y obrar en consecuencia.
Luis Basterra, como dijéramos, autor del proyecto de ley en cuestión es ingeniero agrónomo y antes de ser presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados de la Nación, ha sido vicepresidente del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), por lo que podemos inferir que hace su intervención pública en parte desde el conocimiento técnico que aporta su área particular, en parte desde los requerimientos desde su visión de la gestión estatal. En efecto, en una entrevista concedida en octubre de 2013, de la cual se puede encontrar un extracto aquí, afirma
Tiene que haber normativas que no queden en el ámbito de la especulación o de la visión particular de un ciudadano. Hay unas medidas por desconocimiento o por especulación electoral generan (sic) distancias que son técnicamente inaceptables, como 2 o 5 mil metros, y está generando un problema futuro. Ese campo alrededor del pueblo es el que genera trabajo y agregación de valor en el lugar. Uno debiera avanzar a una decisión responsable. Hay una mala prensa en cuanto a la aplicación de fitosanitarios que tenemos que desterrar.
Como puede comprobarse en el resto de la entrevista, se encierra aquí un lenguaje de valoración muy diferente de los expresados en la audiencia pública o el comunicado del CELMA: los criterios técnicos (de cuya neutralidad nunca podemos desconfiar lo suficiente) parecen las herramientas para zanjar estas cuestiones, donde la productividad (y el empleo, una cuestión nada menor, pero que merece una discusión más detallada) se ubica en el primer plano y fuera de campo queda la protección del bienestar integral de la población. Fumigaciones a más de dos mil metros es la cifra que reclama Emanuel Garrido con los análisis en la mano, que muestran rastros en la sangre de niñxs y docentes de endosulfán, un insecticida cuya producción e importación se encuentra ya prohibida en nuestro país.
Estos choques valorativos se translucen en otros cruces que podemos mencionar, como los discursos sobre las buenas prácticas de manejo frecuentemente esgrimidas por empresas y funcionarios o en los sentidos en juego por ejemplo en las disputas por la reforma de la ley de semillas (que trataremos oportunamente) para introducir regímenes de propiedad intelectual tales que concentran en manos de las grandes empresas biotecnológicas no sólo el circuito de comercialización de semillas, sino incluso la propiedad de la semilla misma. Maristela Svampa y Enrique Viale escriben en una nota reciente:
Vivimos en una sociedad en la que los riesgos e incertidumbres causados por la opción por un crecimiento económico exponencial e ilimitado producen daños sistemáticos e irreversibles en los ecosistemas, que afectan y amenazan los territorios y la reproducción de la vida.
La conciencia cada vez mayor de esos riesgos e incertidumbre explica porqué aquellos debates y decisiones que antes estaban reservados exclusivamente a los técnicos y las burocracias especializadas, hoy adquieren un sentido social y político más amplio, convirtiéndose en cuestiones de interés colectivo, que involucran a la población en general y, sobre todo, a las comunidades afectadas, las cuales buscan abrir el espacio de participación ciudadana.
Y como argumentan, se encuentran en juego la salud y el bienestar de las poblaciones, pero también el ejercicio democrático.
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