1 Abr
Curso cuatrimestral «PROBLEMÁTICAS SOCIOCIENTÍFICAS: CIENCIA Y SOCIEDAD EN EL AULA»
Dirigido a: docentes directivos, bibliotecarios, asistentes, auxiliares de todas las áreas de Escuela Media y Adultos de CABA. Otorga puntaje y certificado.
Lugar: Escuela de Maestros (ex-CePA)
Inscripciones: hasta el 11 de abril (curso n°127), a través del formulario on-line:
https://docs.google.com/…/1-UQWpVv9JwqI943Tq2AV4dN…/viewform
1 Abr
Diplomatura: «ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS. CONOCIMIENTO CIENTÍFICO EN CONTEXTO SOCIAL»
LUGAR: FLACSO, CABA
MODALIDAD: virtual, anual, con arancel mensual
INICIO DE CLASES: 16 de abril de 2015
DESTINADO A: docentes y otros profesionales de todos los niveles y para toda Latinoamérica. Otorga puntaje y certificado.
INFORMES: escribir a ciencias@flacso.org.ar
30 Mar
Una nota publicada por el diario Página 12 el pasado jueves 26 de marzo de 2015, informa acerca de los resultados obtenidos en estudios epidemiológicos preliminares en la localidad de Monte Maíz, provincia de Córdoba.
El sábado se presentará el informe final de un estudio epidemiológico realizado por la Universidad de Córdoba en la localidad de Monte Maíz, cuyos resultados preliminares arrojaron que la población tenía una incidencia cinco veces mayor de casos de cáncer que el común. La OMS dictaminó el lunes que el glifosato, el pesticida más utilizado en el mundo, es “probablemente cancerígeno para seres humanos”.
Ver nota completa en: http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-269044-2015-03-26.html
30 Mar
En base a los resultados obtenidos luego de un año de investigación por parte de la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC), la Organización Mundial de la Salud (OMS) comunicó hace pocos días que el glifosato «puede causar cáncer en animales de laboratorio y hay pruebas limitadas de carcinogenicidad en humanos (linfoma no Hodgkin)». Esta evaluación condujo a recategorizar al glifosato como un producto perteneciente al «Grupo 2A» (segunda categoría de peligrosidad según la OMS), lo que significa que es considerado como «probablemente cancerígeno para los seres humanos».
Se disparó el debate y la incertidumbre…Monsanto pide revisión de los resultados mientras se exige prohibir inmediatamente el uso del glifosato bajo principio precautorio…
En una nota del diario Lavaca, el pasado 22 de marzo de 2015, Darío Aranda nos informa detalladamente acerca de este hito. http://www.lavaca.org/notas/confirmado-la-oms-ratifico-que-el-glifosato-de-las-fumigaciones-puede-provocar-cancer/
“Hay pruebas convincentes de que el glifosato puede causar cáncer en animales de laboratorio y hay pruebas limitadas de carcinogenicidad en humanos (linfoma no Hodgkin)” y por otra parte el herbicida “también causó daño del ADN y los cromosomas en las células humanas”. De ese modo, la Organización Mundial de la Salud confirmó lo que hace más de una década afirman pueblos fumigados, vecinos en lucha, organizaciones sociales y académicos que no responden al sector empresario. Detalles de informe, en esta crónica exclusiva para lavaca Darío Aranda.
La Organización Mundial de la Salud (OMS), máximo espacio internacional en materia sanitaria, acaba de alertar sobre la vinculación del herbicida glifosato (el más utilizado en el mundo) y el cáncer. Confirmó que existen “pruebas” de que el herbicida puede producir cáncer en humanos y en animales de laboratorio. “También causó daño del ADN y en los cromosomas en las células humanas”, alerta el trabajo científico y detalla que se detectó glifosato en agua, alimentos, y en sangre y orina de humanos. El glifosato se utiliza de manera masiva en soja y maíz transgénicos (entre otros cultivos) y desde hace más de diez años es denunciado por organizaciones sociales, campesinas, médicos y científicos independientes de las empresas.
En Argentina se aplica glifosato en más de 28 millones de hectáreas, volcando a los suelos más de 300 millones de litros de glifosato cada año. Los campos de soja transgénica, maíz y algodón son rociados con el herbicida para que nada crezca, salvo los transgénicos. También está permitido su uso en cítricos, frutales de pepita (manzana, pera, membrillo), vid, yerba mate, girasol, pasturas, pinos y trigo. A partir del avance transgénico, aumentó geométricamente el uso del glifosato, desarrollado y comercializado inicialmente por Monsanto desde la década del ’70, aunque en el 2000 se venció la licencia y en la actualidad lo producen un centenar de empresas.
A medida que crecía la siembra de transgénicos, y mayor era el uso de agrotóxicos, se sumaban las denuncias por daños a la salud la salud. Caso emblemático de Argentina es el de las Madres del Barrio Ituzaingó Anexo en Córdoba, que incluso llegó a juicio penal con condenas para el productor y el fumigador. Y también se sumaron los estudios científicos que daban cuenta de abortos espontáneos, cáncer, malformaciones y afecciones agudas, entre otras consecuencias.
La Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC) es un ámbito especializado de la Organizaciones Mundial de la Salud (OMS). Luego de un año de trabajo de 17 expertos de once países, el 20 de marzo emitió un documento inédito: “Hay pruebas convincentes de que el glifosato puede causar cáncer en animales de laboratorio y hay pruebas limitadas de carcinogenicidad en humanos (linfoma no Hodgkin)”. Detalla que la evidencia en humanos corresponde a la exposición de agricultores de Estados Unidos, Canadá y Suecia, con publicaciones científicas desde 2001. Y destaca que el herbicida “también causó daño del ADN y los cromosomas en las células humanas” (situación que tiene relación directa con el cáncer).
El IARC-OMS recuerda que, en estudios con ratones, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de Estados Unidos había clasificado al glifosato como posible cancerígeno en 1985 pero luego (1991) modificó la calificación. Los científicos del IARC consideran que, desde la reevaluación de la EPA hasta la fecha, hubo “hallazgos significativos y resultados positivos para llegar a la conclusión de que existen pruebas suficientes de carcinogenicidad en animales de experimentación” y afirman que estudios en personas reportaron “incrementos en los marcadores sanguíneos de daño cromosómico” después de fumigaciones con glifosato.
El documento se llama “Evaluación de cinco insecticidas organofosforados y herbicidas”. Fue publicado en la sede del IARC en Lyon (Francia) y remarca que las evaluaciones son realizadas por grupos de “expertos internacionales” seleccionados sobre la base de sus conocimientos y sin conflictos de interés (no puede tener vinculación con las empresas). Publicaron un resumen de dos carillas y en breve estará el detalle en el denominado “Volumen 112 de las Monografías del IARC”.
La organización internacional recuerda que el glifosato es el herbicida de mayor uso mundial. Se utiliza en más de 750 productos diferentes para aplicaciones agrícolas, forestales, urbanos y en el hogar. Su uso se ha incrementado notablemente con el desarrollo de variedades de cultivos transgénicos y precisa que el agroquímico “ha sido detectado en el aire durante la pulverización, en agua y en los alimentos”. Y reconoce que la población “está expuesta principalmente a través de la residencia cerca de las zonas fumigadas”. Precisa que el glifosato se detectó en la sangre y la orina de los trabajadores agrícolas.
Con la nueva evaluación, el glifosato fue categorizado en el “Grupo 2A”, que significa en parámetros de la Organización Mundial de la Salud: “Probablemente cancerígeno para los seres humanos”. Esta categoría se utiliza cuando hay “pruebas limitadas” de carcinogenicidad en humanos y “suficiente evidencia” en animales de experimentación. La evidencia “limitada” significa que existe una “asociación positiva entre la exposición al químico y el cáncer” pero que no se pueden descartar “otras explicaciones”.
El IARC-OMS trabaja sobre cinco categorías de sustancias que tienen relación con el cáncer. El “Grupo 2A” es la segunda categoría en peligrosidad, sólo superada por “Grupo 1”, donde se ubican, por ejemplo, el asbesto y la radiación ionizante. “Por la nueva clasificación, el glifosato es tan cancerígeno como el PCB (compuesto químico que se usaba en los transformadores eléctricos) y el formaldehido, ambos miembros del Grupo 2A en cuanto su capacidad de generar cáncer en humanos”, explicó Medardo Avila Vazquez, de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados.
La publicación de la Organización Mundial de la Salud fue bien recibida por las organizaciones sociales y científicos independientes (no vinculados a las empresas). Aunque también coincidieron en que la OMS tardó demasiado en reconocer los efectos del glifosato. “Es necesario saludar al IARC y a la OMS por ponerse al día con las investigaciones científicas. Es muy importante esta publicación, habrá un antes y un después, ya que fortalece la posición de los que venimos reclamando a las academias y a los responsables políticos la aplicación y plena vigencia del principio precautorio (tomar medidas urgentes para proteger a la población”, reclamó Damián Verzeñassi, de la Cátedra de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Rosario. “La OMS lo admitió, ya no pueden quedar dudas, el problema es mucho mayor de lo que se dice. El glifosato ha seguido el mismo camino que el endosulfan, el DDT, el cigarrillo y el Tamiflu”, explicó el investigador de la UNR.
Raúl Horacio Lucero, biólogo molecular e investigador de la Universidad del Nordeste, llamó a aplicar de manera urgente el principio precautorio vigente en la ley: “Se debe prohibir ya la comercialización y aplicación de este veneno”. También lamentó la demora de la OMS: “Si nos hubieran escuchado hace diez años se hubieran salvado muchas vidas”.
El IARC-OMS también evaluó al malatión (herbicida) y al diazinón (insecticidas) como probable cancerígeno para los humanos (Grupo 2A, al igual que el glifosato). Los insecticidas tetraclorvinfos y paratión fueron clasificados como posiblemente cancerígeno para los seres humanos (Grupo 2B, con pruebas convincentes de que estos agentes causantes de cáncer en animales de laboratorio). Para el Malathion determinaron la vinculación con daño en el ADNI humano y tumores en roedores.
La empresa Monsanto, creadora del glifosato (bajo la marca Roundup) y principal señalada por la denuncias de perjuicios a la salud, siempre defendió su agroquímico en base a la clasificación de la OMS. La gacetilla institucional, que aún está en el sitio de Internet, llamado “Acerca del glifosato”, resalta que la OMS lo ubica como “producto que normalmente no ofrece peligro” y remarca en negrita un trabajo de 2004 en el que la OMS lo calificaba como “no cancerígeno”.
Monsanto siempre utilizó los argumentos de la OMS. Pero ayer cambió de opinión: “La IARC ha estado bajo críticas tanto por su proceso como el sesgo que ha demostrado”. La compañía acusó a la agencia de la OMS de que su conclusión no es exhaustiva, la considera “sesgada” y la acusa de no basarse en “ciencia de calidad”. Advirtió que ya entró en contacto con la OMS para solicitar una revisión del trabajo.
El comunicado de la mayor corporación del agro mundial sostiene que la clasificación de la IARC-OMS “no se apoya en datos científicos”. Alcanza con ver el documento oficial de la Agencia Internacional para la Investigación contra el Cáncer (IARC) para contabilizar al menos 16 trabajos científicos que confirman los efectos de los agroquímicos. Se citan investigaciones de 1985 hasta de 2015. No figuran los trabajos de David Saltamiras ni de Gary Williams, dos científicos que suelen atacar todo argumento académico contrario a los transgénicos y a los agroquímicos. No es casual: Saltamiras y Williams son empleados de Monsanto y por eso sus trabajos no figuran en la evaluación de la OMS.
Monsanto fue la creadora y mayor comercializadora de glifosato. En el 2000 venció su licencia, lo que abrió pasó a que otras empresas lo produzcan. En Argentina producen el herbicida las compañías Syngenta, Basf, Bayer, Dupont, Dow Agrosciences, Atanor, YPF, Nidera, Nufarm, Red Surcos, Vicentín y Sigma Agro, entre otras.
Según estadística de la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe), que reúne a todas las grandes empresas de agroquímicos, en 1996 (cuando se aprobó la primera soja transgénica) se usaban en Argentina once millones de litros de glifosato. En 2012 se vendieron 182 millones de litros de glifosato. Desde hace tres años que Casafe no hace públicas las estadísticas de uso. Sí lo actualizó la Red de Médicos de Pueblos Fumigados. Afirma que en los campos argentinos se arrojan 320 millones de litros de glifosato por año y trece millones de personas en riesgo de ser afectadas por el químico.
Andrés Carrasco, jefe del Laboratorio de Embriología Molecular de la Facultad de Medicina de la UBA e investigador principal del Conicet, confirmó en 2009 que el glifosato producía malformaciones en embriones anfibios, incluso en dosis hasta muy inferiores a las utilizadas en el campo. En 2010 publicó su trabajo en la revista científica estadounidense Chemical Research in Toxicology (Investigación Química en Toxicología). Debió enfrentar una campaña de desprestigio por parte de las empresas, de sectores de la academia y de funcionarios políticos, como el ministro de Ciencia, Lino Barañao. “Los transgénicos y los agrotóxicos en Argentina son un experimento masivo a cielo abierto”, solía advertir en disertaciones y entrevistas. Carrasco, fallecido en mayo de 2014, afirmaba que la mayor prueba de los efectos de los agrotóxicos no había que buscarlas en los laboratorios, sino ir a las comunidades fumigadas.
Raúl Horacio Lucero, investigador chaqueño, le escribió ayer un correo a este periodista: “¿De qué se disfrazarán ahora los expertos del Conicet que tanto atacaron a Andrés Carrasco?”.
Viviana Peralta de San Jorge (Santa Fe), Laura Mazzitelli y Elio Servín de La Leonesa (Chaco), Fabián Tomasi y Don Julio Ariza (Entre Ríos), Miriam Samudio de Puerto Piray (Misiones), Sofía Gatica y María Godoy del Barrio Ituzaingó (Córdoba), María Cristina Monsalvo y Víctor Fernández (de Alberti, Buenos Aires). Una mínima muestra de quiénes denuncian desde hace años los efectos de los agroquímicos. Fueron, la mayoría de las veces, desoídos y maltratados por el poder político, judicial y mediático.
La Organización Mundial de la Salud comenzó a reconocer que los vecinos de a pie tenían razón.
25 Feb
NUEVO libro de Darío Aranda, de Editorial Sudamericana:
¿Qué país nos deja el extractivismo ambiental?
¿Por qué ningún juez, empresario o político aceptó nunca el vaso de agua que le ofrecen los habitantes de los pueblos mineros cada vez que los visitan? ¿A qué se debe la aparición de enfermedades inéditas y desconocidas en el medio de la pampa húmeda? ¿Dónde viven las miles de personas desplazadas del campo y que las ciudades no cobijan? ¿Quién está detrás de los feroces ataques a los indígenas argentinos? ¿Qué secretos escondieron las pasteras en Gualeguaychú? ¿Por qué el negocio de Vaca Muerta puede dejar una parte de la Patagonia inhabitable? ¿Cuánto queda realmente en el país de esta ganancia extraordinaria? ¿Por qué nunca se escucha a los que proponen otro camino? ¿Quiénes son los verdaderos dueños de la tierra y qué planes tienen para sus habitantes?
Pueblos envenenados, matones a la luz del día, muertes sospechosas, bebés con malformaciones, tasas de cáncer inéditas, abortos espontáneos, ríos sin peces, bosques sin árboles y enfermedades sin cura: durante los últimos quince años, la Argentina ha sido sometida a la transformación más radical y quizás irreversible de su historia. Detrás del negocio multimillonario de la soja, la megaminería, las pasteras y los combustibles no convencionales, no sólo hay consecuencias inmediatas para todos los habitantes del país, sino también la amenaza de convertir a la Argentina en un territorio agotado, enfermo y hambriento.
En Tierra arrasada Darío Aranda viaja hasta diversos rincones del país donde este modelo político, económico y social busca imponerse con violencia por sobre todo derecho humano. El resultado es una radiografía escalofriante que nos permite terminar de entender en qué país vivimos y elegir en cuál queremos vivir.
No dejen de visitar su blog: http://www.territorios.com.ar
20 Feb
Con gran entusiasmo presentamos el nuevo postítulo gratuito que estaremos dictando para la especialización de docentes de nivel superior.
Desde el 18 de febrero al 11 de marzo de 2015 está abierta la inscripción.
Para más información ver el flyer a continuación.
Los esperamos!
10 Dic
El de 28 de octubre de este año se desarrolló en el edificio anexo de la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación una audiencia pública sobre escuelas rurales fumigadas por agroquímicos. Allí, en presencia diferentes colectivos y organizaciones, así como funcionarixs y legiladorxs, trabajadorxs de la educación, detallaron efectos en alumnxs y docentes afectados por agroquímicos. Como suele ocurrir, Darío Aranda presenció el evento y escribió esta nota, cuya lectura, como acostumbramos, recomendamos. En particular, queremos citar los datos referidos a la localidad de Coronel Suárez, situada en el suroeste de la provincia de Buenos Aires:
Coronel Suárez (suroeste bonaerense) es el único lugar del país en el que se realizó un estudio oficial sobre escuelas fumigadas. La Dirección de Medio Ambiente local realizó un detallado informe que revela que existen 41 establecimientos afectados. Por esas denuncias, echaron al funcionario (Emanuel Garrido) que realizó el estudio.
“Más del 90 por ciento de los establecimientos educativos se encuentra expuesto a las derivas y otros tipos de contaminación devenidos de las aplicaciones de agrotóxicos”, señala y confirma la presencia de alumnos con “afecciones respiratorias”, adormecimiento en los labios, cefaleas, irritabilidad en la vista. Realizó recomendaciones a las autoridades municipales y provinciales: “Proteger de forma inmediata” a la comunidad educativa rural y fijar una franja de 2000 metros.
Ya seis meses antes Aranda había relatado el caso de Coronel Suárez, a modo de espejo de lo que ocurre en otros lugares del país.
En esa misma audiencia se encontraban representantes de la Defensoría del Pueblo de la Nación, organismo que en octubre publicó una resolución (29/14) que desde una mirada precautoria identifica incertidumbres, por causa de efectos no suficientemente investigados y que dada su escala, escapan a los controles del Estado, como por ejemplo la deriva de los agroquímicos, es decir, su presencia en ambientes alejados de las zonas de producción y recomienda la ampliación de la base científica para reducir la incertidumbre. Respecto a la problemática de las fumigación de escuelas rurales, todo trabajo científico técnico y todo monitoreo, toda regulación no son sino intermedios, esperas donde se reduce la incertidumbre mientras se concreta una transición a otras formas de producción; como consta en la página web de la Defensoría entre las recomendaciones de cursos de acción:
[tomar] Las medidas precautorias que resulten necesarias a fin de minimizar los riesgos por exposición a agroquímicos de las comunidades educativas rurales, hasta tanto se concrete una transición hacia modos de producción alternativos que eviten la exposición de los niños a los agroquímicos.
Simultáneamente en el mismo edificio se llevaba adelante una reunión conjunta de las Comisiones de Agricultura y Comercio de la Cámara de Diputados para tratar conjuntamente un proyecto de ley presentado por Luis Basterra, diputado nacional (Frente para la Victoria) por la provincia de Formosa con el fin de regular el registro, comercialización y control de agroquímicos. Según denuncia el CELMA (Centro de Estudios Legales del Medio Ambiente), el proyecto de ley resulta regresivo bajo los términos de la protección de la salud pública, dado que
…no refiere en ninguno de sus articulos a la necesaria protección y resguardo de la poblacion, establecimientos educativos rurales y biodiversidad (centros apícolas, cursos y espejos de agua, produccion agroecológica) del impacto ambiental de las aplicaciones terrestres y aéreas de agrotóxicos.
(fuente)
En particular, ponen atención en el artículo 21 del proyecto de ley, que implica un cambio importante respecto a la normativa vigente:
La actual normativa prevé que ante información basada en evidencias significativas que indique que el uso de un agrotóxico en particular pueda suponer un riesgo de inducir en humanos un efecto oncogénico, genético hereditario, teratogénico, fetotóxico, reproductivo, o un efecto crónico o tóxico demorado, habilita el inicio del procedimiento de cancelación o reclasificación del registro correspondiente.
[…]
Sin embargo el proyecto de ley del diputado Basterra en el art. 21 establece que la Autoridad Nacional de Aplicación podrá prohibir o autorizar, condicionado a fines específicos, las actividades de importación, elaboración, comercialización y/o uso de productos fitosanitarios respecto de los cuales la Organización Mundial de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) o la Organización Mundial de la Salud(OMS), u otras organizaciones o tratados de protección a la salud o al ambiente de las cuales el Estado Argentino sea parte, se hubieran expedido recomendando a los países miembros la cancelación o restricción severa de sus registros por su riesgo y dificultad de manejo para los casos en que así se considere.
Vale decir, cualquier reclasificación de agroquímicos dependerá, en última instancia, de organismos como FAO y la OMS, cuyos criterios para establecer la base científica para la evaluación de los riesgos para la salud entrañados por sustancias químicas, entre las que se cuentan los agroquímicos, son frecuentemente conservadores, y se muestran frecuentemente refractarios a estudios independientes que muestran efectos negativos bajo situaciones de exposición similares a las que tienen lugar en el campo. Así, desde un enfoque precautorio concluyen:
Ese ardid normativo del proyecto de ley, se muestra abiertamente incongruente con el principio de precaución y el Convenio de Diversidad Biológica, según los cuales, todo disenso o incertidumbre científica frente a un hecho que pueda representar una situación de riesgo de daño grave e irreversible a la salud y/o el ambiente, obliga a que se adopten las medidas eficaces y oportunas para despejar las dudas pertinentes y obrar en consecuencia.
Luis Basterra, como dijéramos, autor del proyecto de ley en cuestión es ingeniero agrónomo y antes de ser presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados de la Nación, ha sido vicepresidente del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), por lo que podemos inferir que hace su intervención pública en parte desde el conocimiento técnico que aporta su área particular, en parte desde los requerimientos desde su visión de la gestión estatal. En efecto, en una entrevista concedida en octubre de 2013, de la cual se puede encontrar un extracto aquí, afirma
Tiene que haber normativas que no queden en el ámbito de la especulación o de la visión particular de un ciudadano. Hay unas medidas por desconocimiento o por especulación electoral generan (sic) distancias que son técnicamente inaceptables, como 2 o 5 mil metros, y está generando un problema futuro. Ese campo alrededor del pueblo es el que genera trabajo y agregación de valor en el lugar. Uno debiera avanzar a una decisión responsable. Hay una mala prensa en cuanto a la aplicación de fitosanitarios que tenemos que desterrar.
Como puede comprobarse en el resto de la entrevista, se encierra aquí un lenguaje de valoración muy diferente de los expresados en la audiencia pública o el comunicado del CELMA: los criterios técnicos (de cuya neutralidad nunca podemos desconfiar lo suficiente) parecen las herramientas para zanjar estas cuestiones, donde la productividad (y el empleo, una cuestión nada menor, pero que merece una discusión más detallada) se ubica en el primer plano y fuera de campo queda la protección del bienestar integral de la población. Fumigaciones a más de dos mil metros es la cifra que reclama Emanuel Garrido con los análisis en la mano, que muestran rastros en la sangre de niñxs y docentes de endosulfán, un insecticida cuya producción e importación se encuentra ya prohibida en nuestro país.
Estos choques valorativos se translucen en otros cruces que podemos mencionar, como los discursos sobre las buenas prácticas de manejo frecuentemente esgrimidas por empresas y funcionarios o en los sentidos en juego por ejemplo en las disputas por la reforma de la ley de semillas (que trataremos oportunamente) para introducir regímenes de propiedad intelectual tales que concentran en manos de las grandes empresas biotecnológicas no sólo el circuito de comercialización de semillas, sino incluso la propiedad de la semilla misma. Maristela Svampa y Enrique Viale escriben en una nota reciente:
Vivimos en una sociedad en la que los riesgos e incertidumbres causados por la opción por un crecimiento económico exponencial e ilimitado producen daños sistemáticos e irreversibles en los ecosistemas, que afectan y amenazan los territorios y la reproducción de la vida.
La conciencia cada vez mayor de esos riesgos e incertidumbre explica porqué aquellos debates y decisiones que antes estaban reservados exclusivamente a los técnicos y las burocracias especializadas, hoy adquieren un sentido social y político más amplio, convirtiéndose en cuestiones de interés colectivo, que involucran a la población en general y, sobre todo, a las comunidades afectadas, las cuales buscan abrir el espacio de participación ciudadana.
Y como argumentan, se encuentran en juego la salud y el bienestar de las poblaciones, pero también el ejercicio democrático.
13 May
Por Sara Rietti, Erica Carrizo, Alicia Massarini y el Grupo “Ciencia entre todxs”
En una época en la que los frecuentes cuestionamientos a las prioridades y orientaciones de la política científica y tecnológica argentina intentan ser descalificados e invisibilizados por el pensamiento hegemónico, reduciéndolos a categorías tales como “boicots esporádicos” o “argumentos carentes de fundamentación de base científica”, la figura de Andrés Carrasco pasó a jugar un papel decisivo que la historia encarna sólo en aquellos que se atreven a llevar al límite las contradicciones más profundas que nos atraviesan como sociedad.
Desde el seno de la comunidad científica, avalado por una larga trayectoria académica destacada e intachable, denunció tempranamente los efectos nocivos del glifosato, puestos en evidencia en condiciones experimentales, que confirmaron algunas de las consecuencias más siniestras que el actual modelo de producción agrícola, basado en la aplicación creciente de éste y otros agroquímicos, tiene reservada para los más vulnerables, para los invisibles, para los que enferman y mueren sin que nadie se haga cargo de su condición de víctimas. En 2009 Andrés decidió poner al servicio de los pueblos fumigados los resultados de su investigación, que él consideraba una pequeña contribución a su resistencia que debía ser entregada sin espera. Sin los largos procesos que involucran las publicaciones científicas, porque consideraba que su deber moral como científico y como médico era dar a conocer a los damnificados y a la sociedad toda, las evidencias de los daños que se estaban produciendo. A partir de ese momento, sería el blanco de una campaña de desprestigio sin precedentes en la historia de la ciencia nacional, que no cesó aun cuando los resultados fueron publicados en una prestigiosa revista científica internacional. La campaña tuvo como cómplices a funcionarios, empresarios y científicos que una vez más eligieron mirar para el costado o tomarlo como blanco de hostigamiento. Hubo desde amenazas, descalificación pública, intentos de juicios éticos, informes pretendidamente “científicos” sustentados en investigaciones financiadas por la propia multinacional Monsanto hasta violentas emboscadas perpetradas por actores públicos involucrados en los agronegocios y medidas disciplinadoras, como las que el mismo CONICET ejecutó recientemente en su negativa a promocionarlo a la categoría de investigador superior, desconociendo su significativa contribución académica en la especialidad, ampliamente reconocida y legitimada por los mecanismos institucionalizados de la comunidad científica internacional.
Estos hechos ilustran con contundencia la inescrupulosa penalización que sin disimulo ejecuta la trama que hoy configuran el poder político, científico y económico hegemonizado por las grandes corporaciones, que se empeña en hipotecar el bienestar de las actuales y las futuras generaciones, exacerbando la lógica de un modelo de desarrollo neoextractivista profundamente desigual y devastador del territorio y de sus poblaciones. En una coyuntura histórica en la que nos toca contemplar cómo el prestigio de la ciencia es invocado y usufructuado hasta el ridículo en el afán de justificar con argumentos pretendidamente científicos, opciones ideológicas e intereses económicos de los actores sociales que detentan microespacios de poder, que sin duda poco tienen que ver con su pretendida objetividad y neutralidad.
Andrés Carrasco fue dueño de un estilo confrontativo, perspicaz e inclaudicable que sólo poseen los que tienen la valentía de desandar, y sostener hasta sus últimas consecuencias, los caminos de la hegemonía. Hegemonía que Andrés decidió deslegitimar construyendo senderos alternativos que encabezó junto a ciudadanos comprometidos (científicos, periodistas, docentes, estudiantes, militantes, personas afectadas por el uso de agroquímicos, etc.), eligiendo una forma de estar en el mundo que desafiaba los mandatos de la Academia. Delineando incansablemente nuevos senderos, a través de un trabajo horizontal con las bases sociales, inabarcable e inaceptable dentro de los estrechos límites que la ciencia hegemónica traza para sus seguidores más disciplinados.
La ciencia de Andrés Carrasco logró remover y poner en evidencia los cimientos más consolidados de una ciencia hermética, elitista y descaradamente desligada de los problemas más perentorios de nuestro contexto social. La consecuencia más tangible de su desobediencia, que le valió la categoría de “científico hereje”, fue poner en evidencia los rudos condicionantes que actualmente impiden que esta ciencia dogmática y mercantil pueda experimentar un verdadero proceso de politización, o en otras palabras, que sin desvirtuar la especificidad de sus conocimientos y la naturaleza de sus productos, sea capaz de reflexionar acerca sus sentidos y repensarse al servicio de las necesidades del pueblo.
Su legado nos exige, por sobre todas las cosas, la responsabilidad de continuar la lucha que inició por esa “ciencia politizada”, que hoy y siempre, le tendrá reservado el lugar privilegiado de los que no callan.
PS: lxs invitamos a leer la nota que Darío Aranda publicara en el sitio lavaca.org.
20 Nov
Por Ciencia entre Todxs (Desde México)
En diferentes ciudades de México se están desarrollando diversas actividades en defensa del maíz nativo y la preservación de las técnicas tradicionales de cultivo, como parte de un movimiento de resistencia contra la aprobación del cultivo comercial del maíz transgénico, el despojo de los campesinos y el avasallamiento de la soberanía alimentaria. Mesoamérica es la cuna del maíz, que fue obtenido en todas sus variedades como resultado de un largo proceso de domesticación practicado desde hace alrededor de 8000 años llevado adelante por las prácticas agrícolas de 330 generaciones de agricultores pertenecientes a los pueblos originarios de la región. Actualmente el maíz es el tercero entre los 4 más importantes cereales en los que se basa la alimentación de la humanidad. Particularmente en la región de Mesoamérica el maíz es la base de la alimentación de la población y raíz de una cultura que lo tiene como centro en sus costumbres, fiestas y ceremonias espirituales.
Conforme a estudios genético poblacionales, biogeográficos y arqueológicos, México es el centro de origen del maíz lo cual le da a esta región un valor estratégico ya que están presentes en este territorio las variedades silvestres de Teocintle –ancestro del maíz- que son fuente de variabilidad y más de 60 variedades de maíz domesticado adaptado a diferentes climas, suelos y tradiciones culturales que incluyen comidas regionales, fiestas y ceremonias. La contaminación del maíz local con transgénico produciría un daño irreversible, cuyos resultados ya pueden apreciarse a partir de la observación de milpas que han sido accidentalmente contaminadas con maíces transgénicos en las que se presentan plantas con serias malformaciones. Aunque ya hay un cierto nivel de contaminación, que fue revelado en 2002 por el trabajo pionero de Ignacio Chapela en la revista Nature, es probable que esta contaminación sea aun acotada y sin duda, sería infinitamente más grave la magnitud del problema si se aprobara legalmente el cultivo industrial de maíz transgénico. Además del problema de la contaminación genética, el avasallamiento de los territorios de cultivo de las variedades locales por maíz industrial transgénico haría que se pierdan la diversidad local y se violen las costumbres de los colectivos humanos que sustentan su alimentación y su cultura desde hace milenios, lo cual no es menos grave que la contaminación genética. En ese sentido no sólo el cultivo de maíz transgénico, sino de también de cualquier otro cultivo extensivo industrial, tal como es el caso de la soja transgénica en Yucatán, amenazan del mismo modo la soberanía alimentaria y la preservación de la agrobiodiversidad. Las comunidades indígenas y campesinas locales, junto con organizaciones ambientalistas como Grain, la Red Nacional en Defensa del Maíz y el grupo ETC, entre otros, más un grupo de científicos muy reputados que conforman la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS), están resistiendo desde hace tiempo para evitar la aprobación del cultivo comercial de maíz transgénico en México. Actualmente estas organizaciones y movimientos sociales están realizando una serie de audiencias en el marco del Tribunal Permanente de los Pueblos, organización internacional de mucho prestigio, continuadora del Tribunal Russell con sede actualmente en Italia. Estas audiencias asumen un marco general de análisis de la problemática que comprende tres ejes: “Devastación ambiental, soberanía alimentaria y represión contra los movimientos sociales”. Cada uno de estos tres ejes ha dado lugar a una audiencia (que se están realizando actualmente), y a su vez cada una de ellas se sustenta en varias preaudiencias que se han realizado previamente. Todos estas instancias se basan en una presentación de casos, que son expuestos por las propias comunidades que están siendo agredidas, perjudicadas y despojadas, y que en varios casos están desarrollando estrategias de resistencia y preservación de sus saberes y modalidades de vida, de producción y consumo de alimentos. Durante el desarrollo de las preaudiencias y audiencias los casos son expuestos ante tribunales internacionales que fueron convocados a tales propósitos por los organizadores locales, compuestos por juristas, ambientalistas, científicos, representantes de comunidades originarias, dirigentes campesinos e intelectuales reconocidos por su contribución y compromiso con las resistencias de los pueblos frente a este modelo económico mercantil e inhumano. En general las audiencias duran tres días donde los casos son considerados, analizados y sus aspectos comunes articulados por el jurado, que finalmente se expide, emitiendo un dictamen. Estos dictámenes son documentos muy ricos, que integran muchas miradas y permiten apreciar y dimensionar la complejidad e importancia de estos temas.
Una de las preaudiencias se desarrollo en un pequeño pueblo de Yucatán llamado Maní, en el ámbito de una escuela de agroecología emplazada en la selva, cuyo propósito es recuperar, fortalecer y multiplicar los conocimientos agrícolas, alimentarios, arquitectónicos del pueblo maya (que habita la región y constituye buena parte de la población, alrededor de un 40% habla en lengua maya). El tema de esta preaudiencia, organizada localmente por una organización de las comunidades mayas, fueron las políticas de despojo y exterminio del pueblo maya. Durante su desarrollo se expusieron diez casos ocurridos en comunidades, todos muy significativos, algunos muy penosos, otros esperanzadores. Muchos expositores presentaron sus casos en su lengua y fueron traducidos por compañeros bilingües. La diversidad de problemáticas presentadas abarcan desde el arrebatamiento del territorio hasta la contaminación de las mieles con polen de soja transgénica y reflejan tanto el dolor por la violencia que ejercen las corporaciones y las políticas públicas para imponer la privatización de la tierra y arrasar con los modos de producción tradicionales, como la potencia y la riqueza de las tradiciones, los saberes y las luchas de resistencia de las comunidades. El escenario es tremendo y perfila el avance de una política devastadora que podría no tener retorno, pero también expresa la profundidad y la potencialidad de los movimientos comunitarios que comprenden muy bien lo que se está jugando y están firmes en la defensa de su identidad y su sustento. Fue significativa la calidez y fraternidad de la convivencia durante el encuentro, el intercambio fuera de sesiones, la intensa presencia de la dimensión afectiva y espiritual además de la claridad política que atraviesan y motorizan esta causa.
Otra de las preaudiencias, que se desarrolló en el auditorio de la Facultad de Ciencias de la UNAM, se centró en los aspectos científicos involucrados en este tema. Se presentaron varios casos por parte de investigadores críticos que participaron en estudios de contaminación del maíz nativo -entre ellos el propio Ignacio Chapela que vino desde Berkeley para presentar su caso- y otros científicos locales que desarrollan investigaciones tanto para mejorar las técnicas tradicionales como para crear nuevas opciones agroecológicas que se articulen con ellas, para conservar la diversidad local de maíz y hacer aun más eficiente la producción de maíz con técnicas de mejoramiento convencional, que apuntan a garantizar el autoabastecimiento (actualmente México debe importar de USA una parte del maíz que consume como alimento) e incluso a producir un excedente que podría ser exportado. En varias intervenciones, además del tema específico los expositores enmarcaron su tema en la problemática de la mercantilización y la corrupción de la tecnociencia y en su papel como promotora y legitimadora de paquetes tecnológicos que apuntan a la concentración de la riqueza, al despojo de las comunidades y a la devastación ambiental. Varias de las investigaciones presentadas son ilustrativas de modos alternativos de hacer ciencia. Sin embargo, quedó claro que debido a las múltiples dimensiones involucradas en este problema y al aporte que una manera de hacer ciencia en diálogo con otros saberes puede aportar uno de los jurados, Luis Macas, representante de la comunidad quechua de Ecuador junto con el científico argentino Andrés Carrasco, enfatizaron la necesidad de “no dejarle la última palabra a la ciencia”.
Estas dos preaudiencias, conjuntamente con otras realizadas en otras regiones de México que recogen otros casos locales, confluyeron en la audiencia temática “Violencia contra el maíz, la soberanía alimentaria y la autonomía”, que se desarrolló en el local del Sindicato de Trabajadores de la UNAM (STUMAN) entre el 19 y el 21 de noviembre. En ella participan unas 300 personas de comunidades, ONGs y organizaciones sociales y un tribunal formado por 8 miembros de Francia, México, Ecuador, Argentina, Chile y Canadá.
Como una peste, como una maldición, apenados campesinos y campesinas indígenas mexicanos, en ocasiones quebrados por la emoción y por la rabia, relatan cómo sus milpas, que consideran una herencia sagrada de sus abuelos que ellos deben custodiar, se han contaminado con maíces transgénicos. Fernando Santillán campesino zapoteco de Oaxaca expone en un lento, solemne y dificultoso español que no es su lengua materna:
“Me siento triste por ver mi maíz contaminado al igual que el de los compañeros de mi comunidad. El maíz es nuestra vida, nuestra sangre. Por el maíz vivimos y es la base principal de nuestro hogar. Además de comerlo se lo damos de comer a nuestros animalitos, con los que también nos alimentamos. Por eso vengo a pedirle al gobierno que no permita la siembra de maíz transgénico, porque es nuestra muerte como hombres y mujeres del maíz. Lo exijo esto porque quiero mis hijos y nietos y las demás generaciones tengan vida y salud”.
Sin duda, la preservación del tesoro que representa el reservorio genético y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas de Mesoamérica es un desafío para toda la humanidad.
31 Oct
Material Didactico: Problematica del Extactivismo
En esta oportunidad queremos dejarles un video, sobre la problemática del extractivismo. Creemos que es un material interesante para utilizar en el aula ya que sienta las bases para una buena discusión sobre el tema. Esperamos que puedan usarlo y que comenten en el blog sus experiencias.
hasta la próxima!
El video se llama: Transiciones_y_alternativas_al_extractivismo
Todos queremos vivir bien, pero ¿estamos tomando los caminos adecuados?. El incremento de los conflictos sociales y la crisis del cambio climático, son sólo algunos impactos de un modelo extractivista basado en la sobreexplotación de recursos naturales agotables. ¿Podemos seguir promoviendo un extractivismo sin límites en el Perú? Salir del extractivismo no es fácil, pero es urgente y nos plantea el reto de pensar alternativas al viejo desarrollo.
El Video «Transiciones para salir del viejo desarrollo» que presentamos, propone algunas ideas y caminos para estos cambio, y forma parte de la Campaña «Alternativas al Extractivismo» que promueven la Red Peruana por una Globalización con Equidad (RedGE) y el Centro Latinoamericano de Ecología Social (CLAES) y que recoge aportes de múltiples diálogos en el Perú y la Región. Para más información ver el Folleto Informativo de la Campaña en: http://www.redge.org.pe/node/1507
Ciencia Entre Todxs 